• J.O.

NO al nuevo contrato de UberEats, basta de precarización laboral.

El día 28 de octubre la empresa UberEats obligó a sus “colaboradores” a firmar un lamentable contrato en el que afirman que los repartidores se encuentran bajo una relación comercial autónoma, y recalcan que no existe subordinación. En repetidas oportunidades muestran su negativa a hacerse cargo de cualquier tipo de obligación de carácter laboral, mientras que exigen múltiples cuestiones que son estrictamente laborales. La empresa aprovecha estar dentro de la llamada “zona gris” legal para establecer relaciones comerciales a su medida.





Un contrato entre "independientes", pero que impone condiciones unilaterales.


El contrato de UberEats resulta degradante en múltiples sentidos. En primera instancia, cambiarán las formas de pago, y comenzarán a realizar pagos fijos en lugar de pagos por kilómetro, por lo que habrá que realizar más kilómetros para obtener la misma ganancia que antes. La empresa sostiene que los repartidores adquieren sus instrumentos de trabajo de forma voluntaria y autónoma, pero luego indican que el bolso debe ser comprado a distribuidores oficiales de UberEats, al igual que la indumentaria y demás materiales. En caso de que exista alguien que incumple esta cláusula puede ser despedido. Esto es un claro indicio de subordinación.


A esto se le suma que la empresa se deroga a sí misma la posibilidad de pagarle cuanto desee al repartidor, y subir o bajar los precios cuando les parezca, sin que pueda existir reclamo alguno con base en los pagos realizados. Es decir, en una relación supuestamente “independiente”, bajo la cual ambas partes deberían pactar el costo del servicio prestado en conjunto, la empresa se da el lujo de decidirlo por su cuenta, y bloquear o castigar a las personas que no se encuentran de acuerdo. Luego de esto, la empresa invita a quienes el pago no les alcanza para llegar a fin de mes, a que se retiren de la empresa, para así quedarse únicamente con aquellos repartidores que acepten las peores condiciones laborales posibles.


Por otro lado, mencionan expresamente que “El Socio Repartidor es responsable en forma independiente y autónoma del pago de los impuestos que se causen por los ingresos que obtenga en términos del presente contrato“. La empresa declara, por tanto, que no se hará cargo de sus responsabilidades tributarias, las cuales van a recaer en el repartidor. Tampoco van a hacerse responsables de cualquier tipo de accidentes, robos, destrucción de las herramientas de trabajo, o muertes. Como si fuera poco, UberEats se brinda a sí mismo la posibilidad de bloquear a quien desee sin necesidad de presentar ningún motivo.


Este es el paraíso legal de las empresas que explotan a la clase trabajadora, y que se benefician del estado de crisis en que se encuentra Costa Rica y de la nefasta gestión del gobierno para poder precarizar cada día más las condiciones laborales. UberEats brinda pagos que ni se asemejan a aquellos que brindaban en su arribo en 2015, y se quedan cada día con un mayor porcentaje del pago por viajes, mientras que se desligan de cualquier tipo de obligación.


Una salida de acuerdo a las problemáticas y necesidades del gremio.


Ante esto, existen múltiples cuestiones que debemos reclamar ante las empresas, para que se aseguren condiciones de dignidad básica en el trabajo que se realiza. Es preciso luchar por un aumento de las tarifas, que contemple todos los gastos que deben cubrirse para poder trabajar, entre ellos el IVA o bien el pago por parqueos y peaje, entre otras cosas.


Respecto al porcentaje de IVA y el monto que se paga a la CCSS, debemos procurar ante Hacienda y la CCSS que este monto sea menor. Es injusto que actualmente un repartidor pague el mismo porcentaje de IVA que quienes brindan servicios profesionales, considerando que los repartidores tienen menores ingresos. Esto sumado a que es imperante que la empresa comience a brindar capacitaciones a los repartidores respecto a cuestiones tributarias, dado que es muy poco el tiempo que brindan para inscribirse, y un error en estos trámites puede atraer multas.


Tampoco debería permitirse a la empresa continuar brindando calificaciones a los repartidores, lo cual repercute en la calidad y cantidad de viajes que se obtienen. Bajo una modalidad de prestación de servicios se encuentra prohibido que se brinden sanciones disciplinarias, y es justamente esto lo que realizan las empresas, siendo que controlan directamente cómo se realiza el servicio.


Por otro lado, la empresa busca desligarse de cualquier tipo de reconocimiento de la relación laboral, a sabiendas de que esto les implicaría tener que pagar: vacaciones, aguinaldo, días libres, todo tipo de seguros, licencia por maternidad, instrumentos e infraestructura de trabajo, pago por cesantía, y la negociación colectiva de los pagos, es decir, deberían pagar montos que superen el salario mínimo de acuerdo con la cantidad de horas laboradas y la ganancia generada.


En un escenario de reconocimiento de la regulación laboral, la empresa dejaría de tener ganancias multimillonarias como las que tienen en estos momentos de pandemia, en los que la cantidad de viajes se han multiplicado exponencialmente, y han bajado el pago a los repartidores, a la vez que suben el precio del servicio. Recordemos que la empresa únicamente brinda un servicio tecnológico, sin tener que incurrir en prácticamente ningún gasto para operar en Costa Rica. Mientras tanto, imponen todas las condiciones a los restaurantes, repartidores y clientes, y se lleva la tajada más grande, incluyendo los ingresos por publicidad de los restaurantes, y las comisiones que imponen.


Estamos ante el intento de aplicar un modelo de flexibilidad laboral en línea con las reformas laborales y previsionales, que significa, para la clase trabajadora de todo el mundo, un retroceso en los derechos laborales históricamente adquiridos. Este nuevo modelo laboral es característico por el rol que las patronales le dan a la tecnología con el fin de acrecentar sus propias ganancias, a costa del retroceso de las condiciones de vida de millones de trabajadores. Como también, un accionar generalizado por parte de los estados al permitir y garantizar la precarización en masa que estas nuevas patronales vienen a imponer.


Digámosle NO al nuevo contrato de UberEats, y unámonos para que seamos escuchados ante el Ministerio de Trabajo y demás instituciones que aún no se han pronunciado de forma contundente al respecto, para que la empresa eche atrás este contrato abusivo y que abra le negociación con los repartidores.


Roberto Sánchez Moreno.



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