La crisis de fin de año y los desafíos de la izquierda.

Actualizado: 31 de dic de 2020

El país se encuentra ante la necesidad de una vacunación inmediata, dado el colapso del sistema público que por momentos se encuentra sin camas libres para pacientes críticos. Mientras tanto, a pesar del ascenso del movimiento obrero que se opuso a las medidas de ajuste, y al verdadero teatro efectuado en las mesas de diálogo, la ofensiva del gobierno del PAC continúa exacerbándose.


Del diálogo al ajuste y la toma de deuda.


La crisis ha dejado para estas fechas un saldo funesto. El sector turismo no ha sido el único perjudicado; el sector comercio es el principal generador de empleo a nivel nacional, y la misma Cámara de Comercio de Costa Rica anunció la pérdida de 463.000 empleos.


La salida a la actual crisis de acuerdo con el gobierno, la oposición y los grandes medios de comunicación, se vincula a la continuación de la supuesta lucha contra el déficit fiscal. Bajo este llamado buscarán reducir el gasto público en un 3% del PIB entre el 2021 y el 2025. Las medidas que convoca esta dirección política serán devastadoras para los ingresos de las y los trabajadores.


El ajuste presupuestario implicará el congelamiento de salarios públicos por los próximos 12 años. Aunado a esto, se hará una reforma al régimen de remesas, al gravamen para el salario escolar y también a los fondos de pensiones complementarias. El ataque podrá extenderse incluso al Fondo de Capitalización Laboral y a la Ley de Protección al Trabajador.


De vital importancia será la resolución que se obtenga del proyecto de Ley Marco de Empleo Público en las sesiones extraordinarias de la Asamblea, en particular respecto al salario global y sobre eliminar convenciones colectivas. Ya en anteriores editoriales [1] discutimos las consecuencias funestas que puede traer este proyecto sobre las condiciones laborales del sector público.


Como si fuera poco, el gobierno aprobó la extensión de la reducción de jornadas laborales en el sector privado, acentuando el impacto negativo en el bolsillo del conjunto de la clase trabajadora. Todas estas medidas vienen fomentadas por el acuerdo formal entre el gobierno y diversos sectores del capital financiero. Carlos Alvarado ha sido muy enfático las últimas semanas respecto a la imperante necesidad del ajuste, especialmente para cumplir con las exigencias de los principales acreedores crediticios internacionales: el FMI, el BID, el BM y el BCIE.


Sin embargo, al menos respecto al préstamo con el BID, su aprobación fue dilatada por la Asamblea Legislativa, en especial por la bancada del PLN, al punto que se ha acabado el tiempo para confirmar su aprobación. Por su parte, el presidente del BCIE, afirma que mantiene la propuesta de un préstamo por $300 millones, pero que la decisión no puede ser postergada indefinidamente.


A pesar de que la negociación inicial con el FMI haya causado una oleada de descontento popular materializada en diversas manifestaciones, el Ejecutivo se sigue empeñando en que es la única vía para vencer el déficit fiscal. En esa segunda ronda de negociaciones, se plantea la reducción del gasto público, recortes a instituciones públicas, la eliminación de exoneraciones y la creación de nuevos impuestos o bien el aumento de impuestos ya existentes. Un ejemplo de esto sería un impuesto de renta a los premios de lotería y el aumento en el impuesto al valor agregado (IVA), respectivamente.


Aunque el presidente de la república afirme que sí o sí el país deberá ajustarse el cinturón, la realidad es que ese ajuste se llevará a cabo a expensas de la clase trabajadora, que termina este 2020 cada vez más golpeada. El nuevo ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano Yamuni, aseguró muy contundentemente que la eliminación a las exoneraciones de las zonas francas, las cuales lograron incrementar sus ganancias sustancialmente este año, están fuera de la fórmula de ajuste del gobierno.


En resumidas cuentas, nos encontramos ante una presunta salida a la crisis que no hace más que exacerbar las contradicciones de la estructura colonial del país. Las políticas de ajuste al costo laboral y de ataque al déficit fiscal retratan el anhelo de los empresarios por incrementar el margen de ganancias a costa de las condiciones de vida del pueblo trabajador. Estos ataques brutales no garantizan ningún proceso de expansión económica, ni siquiera un crecimiento de la inversión y de la búsqueda de productividad, sino que agudizan las tendencias a la debacle.


Perspectivas para el 2021


El 2021 llegará a puerto con una acentuada caída del gobierno de unidad nacional y del pacto inter-burgués, que acompaña la salida de Patricia Mora y del conjunto del Frente Amplio de las filas del gobierno. Esta reciente desafiliación no se trata de una ruptura de fondo, ni exime al partido socialdemócrata de haber participado de lleno en los ajustes de los años anteriores. Se trata de una estrategia política en miras a las elecciones 2022, con la intención de intentar lavar la cara del partido, mientras mantienen su compromiso y pliegue a la institucionalidad y democracia burguesa.


Los mismos funcionarios del gobierno continúan su retirada de puestos vitales, a sabiendas del altísimo costo político que tiene mantenerse en las filas del PAC (citamos mediante esta frase al exministro de la Presidencia, Marcelo Prieto). La salida de Yamileth Astorga del AyA y el ingreso de Sylvia Lara al Ministerio de Trabajo completan los movimientos de fin de año, que cierran el número de 10 salidas ministeriales en el último año.


El propio Oscar Arias, personaje infame de la política costarricense, advierte que el quiebre en la discusión por el préstamo de 250 millones con el BID implica un punto en el que no podrá haber retorno. El exmandatario afirma que resultaría más sencillo “escalar la cima del Everest” que el Gobierno llegue a un consenso, y para este efecto la negativa a aprobar el préstamo del BID será sin dudas un parteaguas.


La necesidad del gobierno de apoyarse en los aparatos represivos del Estado para garantizar su permanencia en el poder se acrecienta con el pasar de los meses. El mismo Carlos Alvarado es consciente de esta situación, y es por ello que criticó arduamente al recorte de ¢5.309 millones que efectuaron las fracciones a la Fuerza Pública para el 2021. Mientras juramentaba 15 nuevos oficiales de Guardacostas y la puesta en servicio de tres lanchas interceptoras en Limón, salió al choque al afirmar que su primer tarea en enero será resolver la supuesta laceración de la Fuerza Pública. La tendencia al bonapartismo a cielo abierto, es decir, de arbitraje personal del PAC, que auguramos en nuestros acuerdos programáticos, parece estar cada día más cerca. [2]


Entre tanto, el sindicalismo burocratizado se encuentra en camino hacia la debacle. El papel tomado en las mesas de diálogo fue cuando menos lamentable, y las peticiones realizadas fueron desestimadas, en particular el freno a la eliminación de la exoneración del salario escolar. Al igual que sus peticiones de reconocer la necesidad de inversión en el MEP, que fueron replicadas en forma de un inmenso recorte.


El rol de contención del sindicalismo se acentúa en su nula labor frente a la Ley de Empleo Público, a la cual le brindarán ciertas observaciones por medio del diálogo. Esto es una clara renuncia a la construcción de un sindicalismo combativo, para lo cual quedará por verse la actitud de las bases frente a la pasividad de las cúpulas.


La falta de un plan de lucha, sumado a la fragmentación interna de los sectores sindicales, resulta una combinación que los aparta de la dirección política de las luchas, y da pie a sectores burgueses y pequeñoburgueses, el particular a Rescate Nacional, a tomar las riendas del descontento. La fractura al interior del sector sindicalista se expresa en la separación de la ANEP de toda instancia de diálogo y su acercamiento a sectores de la burguesía nacional.


El Consejo Consultivo Económico y Social (CCES) es la frutilla del postre del gobierno, que busca utilizar esta nueva instancia de “diálogo” para buscar mayor quórum para sus medidas fondomonetaristas. Aquí el sindicalismo se dividió nuevamente, mientras la Cámara Nacional de la Economía Social Solidaria (Canaess) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (Sec) se integró de lleno, la ANEP salió al choque con el Ejecutivo.


La consecuencia directa de la adaptación que está sufriendo el sindicalismo ha sido la caída en las afiliaciones. En los últimos dos años las organizaciones sindicales de la Administración Central llegaron a perder un total de 12.000 personas afiliadas. Esto es una muestra palpable de la decadencia sindical, que en época de auge popular y medidas de ataque del gobierno, en lugar de engrosar sus filas, se retraen cada día más.


Por un frente de lucha independiente.


La pregunta que se desprende automáticamente del presente análisis es la siguiente: ¿cómo estructuramos una salida independiente de las masas en lucha?


La necesidad de levantar un movimiento clasista en Costa Rica es de primera orden, debemos retomar la dirección de los sindicatos entregados al capital nacional y extranjero, brindando una vía revolucionaria por medio de la independencia política del gobierno y del Estado. Desde Juventud Obrera continuaremos en nuestra labor de apoyo y dirección de las luchas de la juventud precarizada, y del conjunto de trabajadores explotados. Hacemos un llamado a la vanguardia obrera y juvenil a realizar un trabajo en conjunto, en miras de la lucha por un gobierno obrero.


La verdadera salida alternativa pasa por romper con el FMI, repudiar la deuda externa usuraria y fraudulenta, y nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Somos conscientes de que no se trata de una tarea fácil o espontánea, pero es la conclusión necesaria a la que debe arribar la ola de rebeliones que ha alcanzado países como Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Francia, Estados Unidos, e incluso la India. Para esto reafirmamos la necesidad de una Segunda Conferencia Latinoamericana y de los EEUU, como instancia para lograr un frente único de lucha a escala continental. Esta es la única vía posible para que la crisis la paguen los capitalistas.


[1] Editorial Juventud Obrera. “Frente a la puja entre el gobierno y las patronales, una salida de la clase trabajadora.”

[2] Juventud Obrera, Acuerdos Programáticos.


Roberto Sánchez Moreno

Natalia Cruz


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