El gobierno usa la pandemia para atacar a la clase trabajadora

Costa Rica se ubica en la lista de países cuya crisis interna se encuentra agravada por el coronavirus. Los 539 casos y las 3 muertes ubican al país centroamericano entre los más afectado de la región. Las medidas sanitarias parciales e insuficientes del gobierno de Carlos Alvarado (Partido de Acción Ciudadana) tienen por fin sostener el lucro capitalista a costa de la vida de los costarricenses. Para el ámbito público, se decretó una cuarentena parcial y la amenaza de rebajar los salarios. En el sector de servicios y urbanos, ya comenzaron los despidos y cesantías; el rubro turístico, concentrado en las zonas rurales y periféricas, donde prima el trabajo informal, está en terapia intensiva. Muchos trabajadores se debaten: ¿ir a trabajar a riesgo de infectarse o quedarse en casa y perder el trabajo?


La clase trabajadora paga los platos rotos


Uno de los gremios más importantes, el gastronómico, registra despidos de 109.440 trabajadores, de acuerdo con la Cámara Costarricense de Bares y Restaurantes. Mención especial merece el sector turismo, rama principal de la economía, que presentó despidos masivos desde el día uno, y un abandono absoluto por parte del gobierno. Frente al intento de las patronales de descargar la crisis sobre las masas, urgen medidas de prohibición de despidos con carácter retroactivo al comienzo de la crisis y licencias sin rebaja salarial en todas las actividades no esenciales.


La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), expresión y condensación de la burguesía costarricense, se manifestó como bloque al solicitar al gobierno del PAC medidas que permitan la suspensión de contratos laborales. Existe ya un proyecto que incluye un impuesto al 5% del salario de personas trabajadoras que cobren por encima de 500 mil colones, medida que busca recargar el peso de la crisis sobre la clase obrera. Se llegó incluso a proponer un “Impuesto de emergencia solidario” a empleados del sector público, en medio del ajuste del gasto público en función del pago de la deuda externa.



A estos problemas se le suma el creciente desabastecimiento de aparatos médicos, aún siendo aquel sector industrial el que lidera las exportaciones costarricenses, colocando al país como segundo mayor exportador de dispositivos médicos en América Latina. Se demuestra, así, que el rol de Costa Rica es de una mera tercerizada de los países imperialistas (montada sobre un enorme fraude de precarización laboral), muy lejos del paraíso económico que nos querían hacer creer los gobiernos de turno. Ante esto, reclamamos la inmediata centralización del sistema de salud, y el cese a la mercantilización de la producción de instrumentos médicos, que se gesta en zonas francas libres de impuestos. 


Repudiamos los reiterados intentos de privatización de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una importante institución sanitaria y de seguridad social del ámbito público. Denunciamos que la burguesía critica los resabios del estado benefactor, pero para proceder a un ajuste superior contra el pueblo, no para su superación positiva. Ante estos intentos, proponemos la creación de comités electos por los trabajadores para coordinar el accionar contra la pandemia y la defensa de la sanidad pública costarricense.


A pesar de las medidas de restricción vehicular, sigue habiendo un considerable flujo de personas que no tienen opción más que seguir con su vida cotidiana. Resulta que, de acuerdo con la firma Cid Gallup, 3 de cada 10 costarricenses no poseen el dinero suficiente para solventar más de tres semanas sin laborar, lo cual vuelve prácticamente imposible realizar una cuarentena extensiva. La situación es especialmente grave para los sectores más golpeados por la crisis o aquellos especialmente perseguidos por el gobierno, como las comunidades indígenas. Luego del reciente asesinato de Jerhy Rivera, líder de la comunidad Brorán de Térraba, continúan los ataques a poblaciones indígenas en sectores como Salitre o China Kichá.

Anudado a esto, el llamado al confinamiento en el ámbito doméstico tiene por consecuencia directa el aumento de casos de violencia de género intrafamiliar. No puede obviarse el femicidio de Allison Tortós, una chica de tan sólo 17 años cuyo cuerpo fue arrojado a la orilla de una quebrada. El día anterior, en la zona sur del país, un hombre de apellido Palma Segura dejó calcinada a una mujer, siendo desconocida aún su identificación. El gobierno no ha tomado medidas a la altura de las circunstancias.


Un programa de los trabajadores y los explotados


Esta situación augura un incremento de los choques sociales y la necesidad de la clase obrera de fortalecer su organización en base a la independencia política del gobierno y de las variantes de la “oposición”. 

La pandemia plantea la necesidad de discutir un programa de los trabajadores. Urge la prohibición de despidos, suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, licencias sin rebaja salarial, además de la centralización del sistema de salud y un aumento presupuestario. Para lograr dichas consignas, exigimos el no pago de la deuda externa.

Se impone, nuevamente, la necesidad de poner en pie una fuerza verdaderamente revolucionaria que reagrupe a lo mejor del activismo y la vanguardia, para defender nuestros derechos y lograr que la crisis la paguen los capitalistas.


(Extraído con autorización del autor desde: https://prensaobrera.com/internacionales/68879-costa-rica-el-gobierno-usa-la-pandemia-para-atacar-a-la-clase-trabajadora)


Por Roberto Sánchez Moreno.

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