El arranque del 2021: La inminencia del crédito con el FMI y el ataque al empleo público.

Roberto Sánchez Moreno.

Existen circunstancias concretas de las relaciones políticas entre partidos del establishment que sirven como representación cuasi teatral de la disputa de fuerzas a lo interno del parlamento. Carlos Alvarado tendrá que asistir en soledad frente al conjunto del plenario legislativo a dar cuentas por el caso de la UPAD, a la vez que se suspendieron todas las sesiones de los órganos legislativos para ese día. No obstante, esta representación dramática no pasa de ser eso, una representación. Por lo tanto, es preciso comprender los verdaderos intereses materiales en pugna, que permitan sacar las conclusiones políticas y programáticas correspondientes al aislamiento actual del gobierno, para la acción del propio movimiento obrero.


El pacto con el FMI a la vuelta de la esquina.


La política nacional costarricense se encuentra en buena medida determinada por el arribo del Fondo Monetario Internacional, y su crédito de facilidades extendidas para los próximos tres años. El crédito de facilidades extendidas, a diferencia del crédito stand by que adquirió Costa Rica el año pasado, solicita reformas estructurales. No debemos olvidar que las políticas contenidas en el acuerdo se encuentran alineadas con aquellas desplegadas en las solicitudes de la OCDE. La deuda ascendió a ¢24.289.927 millones (69,7% del PIB), y todo indica que la solución del gobierno será tomar más y más deuda.


El FMI busca desentenderse de haber sido artífice de las medidas que lanzó el gobierno a partir de las negociaciones para el préstamo. Sin dudas, el organismo internacional busca lavarse las manos frente a la opinión pública costarricense, pero resulta caricaturesco que el FMI busque ocultar su verdadera esencia de ajuste y saqueo. Lo que viene a agravar esta situación es el rol de arbitrio bonapartista del propio Carlos Alvarado, que debe maniobrar frente a los designios del FMI y las presiones a lo interno de Costa Rica.


Dicho rasgo bonapartista se manifiesta en particular dada la posición en que se encuentra el gobierno del PAC. El contexto actual difiere claramente de lo ocurrido durante la toma de deuda durante la crisis de los 80. Además de las diferencias en torno al proceso del desarrollo de la relación capital-trabajo entre épocas, la aprobación definitiva de un acuerdo con el FMI correspondía al Banco Central, mientras que hoy compete al gobierno. Aunado a esto, en la década de los 80 los acuerdos políticos se facilitaban más que actualmente por la existencia del bipartidismo, que permitía una conciliación entre fuerzas.


No sorprende que el gobierno de Carlos Alvarado, ante la agudización de su rol bonapartista, se encuentre tan preocupado ante la aplicación del recorte a los aparatos represivos del Estado, la fuerza pública. El propio presidente tuvo que salir a decir que revertir el recorte era su principal tarea, y es a estos momentos que el Ministerio de Seguridad, el represor Michael Soto, solicitó un presupuesto extraordinario por ¢15.5 mil millones, mucho más del recorte efectuado por ¢5.300 millones. En un tono populista, asegura que esto afecta las partidas para deportaciones, como si allí estuviera el problema social y económico nacional.


Diversos sectores vinculados al capital financiero celebran la actitud del propio gobierno costarricense. El mismo director del Banco Mundial para Centroamérica y la República Dominicana, Michel Kerf, no titubeó al mostrar que el acuerdo con el FMI es de índole progresivo, y que permitirá lograr la tan añorada recuperación económica. Hay algo de lo que se puede tener seguridad, y es que aquello que se va a recuperar no será el nivel de vida de la clase trabajadora. A este punto se puede afirmar, como diría algún liberal farandulero, que los mercados internacionales se encuentran felices.


El combo de medidas del FMI y las presiones a lo interno de Costa Rica.


El préstamo con el FMI llegó de la mano de alrededor de ocho proyectos de ley que implican reformas estructurales que atacan al salario. La ley de Empleo Público, de la cual ya se ha derramado montón de tinta, tiene la potencialidad de convertirse en el ataque más duro hacia la clase trabajadora bajo el mando de Carlos Alvarado. A las medidas reaccionarias presentadas en el proyecto, tales como la eliminación de negociación colectiva, el estancamiento y reducción de salarios, o la facilitación de procesos de despido, las fracciones han impulsado 301 mociones que únicamente vienen a hacer leña del árbol caído.


Este proyecto es antiobrero por donde se lo mire. La llamada renta global, y la quita de los pasivos, no hace más que salvar al empresariado nacional, en tanto deja por fuera el gravamen a la posesión de capital. Aquí no vemos al sector del empresariado nacional llamando a frenar los planes del gobierno, este es el espacio en que Carlos Alvarado concilia con la burguesía nacional.


Ante esto, Carlos Alvarado y el FMI señalan que el proyecto cumple con estándares internacionales. Empero, el proyecto rompe claramente con la Declaración de los Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT. Los Convenios 87 y 98 dan garantía plena a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva, derechos que se violentan en el mencionado proyecto. Esto demuestra una vez más que el capital no tiene otra forma de reproducirse más que violentando a su paso las condiciones laborales y aumentando la explotación de la mano de obra. La caída tendencial de la tasa de ganancia marca los límites de una sociedad capitalista que se arrima cada vez más a su agotamiento total.


Ante la actual situación, diversos sectores del arco político se han mostrado críticos. Este es el caso, en primera instancia, del sindicalismo aliado a la UCCAEP, que solicitó que se de marcha atrás al préstamo con el FMI. En su supuesta “lucha” contra el préstamo, se han sumado a todo tipo de mesa de diálogo, habiendo quedado demostrado que el diálogo es un método efectivo para frenar la lucha en las calles, y evitar un levantamiento que vaya a romper el status quo en el que se ha asentado la burocracia sindical. La epítome de la adaptación del sindicalismo a las mesas de diálogo se expresa en la reunión que montaron con el FMI, con la supuesta intención de rechazar el crédito.


El empresariado nacional se ha posicionado a favor de atacar el gasto antes de crear más impuestos. Es decir, más allá de la negativa ante el crédito internacional, aquello en lo que sí concuerdan es respecto a la necesidad de impulsar reformas estructurales de reducción del gasto público. Esta postura ha sido adoptada en buena medida por la oposición por derecha, cuya crítica a la política del gobierno termina siendo una cuestión de orden, según la cual la reducción del gasto debería ser previa a la generación de impuestos. De esta forma buscan mostrarse como los abanderados a sobrellevar la crisis sin que afecte los millonarios negocios a lo interno de Costa Rica, allanando el camino hacia las elecciones presidenciales.


Con todo, el gobierno no ha cedido ante estas “presiones” del sindicalismo y el empresariado nacional, y afirma que no hay vuelta atrás respecto al FMI. Resulta evidente que la crítica al gobierno no implica de forma directa la gesta de una política a favor del pueblo trabajador, sino que muestra las pugnas de intereses que existen en el mismo seno de la clase dominante.


La delimitación necesaria para la lucha.


Habiendo llegado a este punto, y teniendo en cuenta las consecuencias funestas que tendrá el acuerdo con el FMI, la ley de empleo público y demás políticas del gobierno, la alternativa para las masas en lucha parece tener dos variantes generales. Una de ellas implica una alianza con el nacionalismo burgués que ha dirigido Rescate Nacional, y el sindicalismo burocratizado. La otra alternativa, a la cual debemos abrazar las y los revolucionarios, es la dirección independiente del movimiento en lucha. En cualquier escenario, abandonar las calles y la lucha no es parte de las alternativas, y es preciso que ese sea el llamado a las bases del sindicalismo y al resto de organizaciones en lucha.


La tarea fundamental que nos impone el momento histórico que atraviesa Costa Rica amerita la creación de un frente único, que permita dar una lucha en conjunto con la finalidad de sacar las debidas conclusiones políticas, para así forjar a la vanguardia de una verdadera organización revolucionaria. La total independencia de las patronales y del Estado, al igual que la consecución de un programa que oriente la acción revolucionaria, son factores insoslayables para quienes reivindican la necesidad de un gobierno obrero y campesino. A esto debe sumarse la necesidad de levantar un movimiento de desocupados, una tarea inminente en épocas en que el desempleo supera el 20% de la población activa, y que permite cesar los antagonismos entre ocupados y desocupados. La huelga general precisa de este sector de la población para ser efectiva.


Esta tarea, en los marcos de la formación social costarricense, se encuentra ligada de forma indiscutible a la necesidad de la unión de la izquierda en términos internacionales, con la finalidad de superar la crisis de dirección presente en las rebeliones que habrán de continuar ante la crisis global del capital. Para esto, hacemos un llamado a activistas y organizaciones de izquierda a que se sumen a la segunda Conferencia Latinoamericana y de los EEUU, un paso gigantesco para superar problemáticas de índole sectaria, por medio de un plan de lucha conjunto.

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